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Última actualización: (12 de Diciembre de 2023)
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Derechos ARCO
Tienes derecho a acceder a tus datos personales cuando quieras; solicitar su rectificación cuando sean inexactos o incompletos; solicitar su cancelación cuando ya no sean necesarios para las finalidades para las cuales fueron recabados; solicitar su oposición cuando consideres inválidas nuestras decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados; presentar una reclamación ante el Instituto Nacional
de Transparencia , Acceso a la Información , Protección de datos personales en posesión de terceros.
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- La ley que regula el tratamiento de los datos personales por parte de los particulares es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares1, que entró en vigor el 5 de julio de 2010 y que establece los principios, derechos y obligaciones que deben observar tanto los titulares como los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales.
- La ley también crea el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales1, que es el órgano encargado de promover, coordinar y supervisar el cumplimiento de la ley, así como de resolver las controversias que se presenten entre las partes.
- La ley establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley2. Estos derechos se conocen como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y son irrenunciables e intransferibles.
- La ley también establece que el responsable del tratamiento debe informar al titular sobre las finalidades y medios del tratamiento, así como sobre la identidad del responsable o encargado del tratamiento1. Esta información se conoce como aviso de privacidad y debe ser puesto a disposición del titular antes del inicio del tratamiento.
- La ley prevé algunas excepciones a estos principios cuando se trate de datos personales para fines legítimos relacionados con la seguridad nacional, las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, la seguridad o salud pública o para proteger los derechos e intereses legítimos de terceros1. En estos casos, el responsable debe obtener el consentimiento expreso e informado del titular para realizar el tratamiento.